Echar abajo el tabú

Muchas son las interpretaciones que se han difundido en diversos medios de comunicación sobre los actos de saqueos ocurridos en diferentes localidades del país tras el terremoto. Más allá de discutir sobre la naturaleza de estos actos, el origen socioeconómico de las personas que los llevaron a cabo o cómo influyó en ellos la lenta respuesta de las autoridades; esta columna pretende reflexionar sobre los discursos que subyacen al análisis de estos hechos. En específico, las representaciones provenientes de quienes concentran el poder.

Este ejercicio de “vigilancia epistemológica” es necesario debido a que, como es sabido, los discursos sustentan las prácticas, otorgando un marco de referencia a partir del cual se le da sentido a la realidad.

Por ello es preocupante constatar la lógica reduccionista que se evidencia en los tomadores de decisión y sus medios de comunicación, donde no se discuten las causas estructurales que una crisis como esta deja al descubierto. Hacerlo sería atentar contra uno de los pilares fundamentales sobre los que se rige el actual modelo de sociedad chilena, frente al cual existe un acuerdo tácito de frenar todo intento de hacer visibles sus fisuras y contradicciones. Y es por esto, que frente a una perspectiva más crítica se despliega un aparataje ideológico que deslegitima y excluye tal visión. En este caso, cualquier explicación más profunda de los saqueos, inmediatamente es calificada como una justificación del  “delito” y su interlocutor es tildado como promotor del desorden, y, así, este muro de defensa radical censura y extirpa cualquier posición diferente.

Si se traslada lo anterior al proceso de adopción de decisiones políticas, esta mirada se traduce- y se ha traducido- en medidas concretas de corto plazo que apuntan casi exclusivamente a la atenuación del síntoma con la finalidad de asegurar una apariencia de estabilidad, evadiendo así el problema y administrando sus efectos. Esto evidentemente deja puntos ciegos posibilitando el surgimiento esporádico de expresiones públicas de malestar, son esas mismas expresiones las que se transforman en una oportunidad inmejorable para cambiar los efectos por las causas; canje que permite perseguir e identificar culpables- quienes serán vencidos a través de respuestas represivas- y al mismo tiempo esquivar la obligación ética y política de garantizar soluciones de largo plazo.

La utilización de esta fórmula para enfrentar las problemáticas sociales en democracia ha sido una constante en los Gobiernos de la Concertación, quienes desde este punto de partida han abordado las manifestaciones de descontento social en que se visibilizan necesidades insatisfechas- producto de aquellos derechos no garantizados o cumplidos- de sectores sociales excluidos de los canales institucionales de demanda. De esta manera emerge la estrecha visión que tiene el Estado sobre los ciudadanos al reprimir los saqueos en vez de asegurarse a tiempo de que éstos accedan a los alimentos y bienes básicos necesarios, al castigar las expresiones públicas en vez de buscar maneras de impulsar la acción  colectiva organizada y al estigmatizar a quienes se atrevan a cuestionar la forma de tomar decisiones, los sujetos que las toman y las propias decisiones adoptadas.

Lo anterior se constituye en un mecanismo de defensa de un sistema excluyente, siendo a su vez, una manifestación de la lógica perversa que lo sostiene y le permite operar en la medida en que este discurso se transmite a través de los medios de comunicación “oficiales”, generando una respuesta temerosa de la acción colectiva que se expande y reproduce en la opinión pública, desincentivando con ello la articulación de aquellos a los que no se les permite participar.

Los momentos críticos, como ha sido el desorden social provocado tras el terremoto, presentan una oportunidad de integrarse al modelo de éxito que impera en nuestra sociedad al cual muchos no tienen posibilidad de sumarse en su cotidianeidad. Esto no implica que se defiendan los saqueos o los daños a la propiedad pública o privada, aquellos son hechos vandálicos que deben ser castigados. Pero las medidas no pueden terminar ahí, pues ahora resulta más difícil evadir la discusión sobre el modelo económico; los brotes de descontento parecen multiplicarse en una sociedad que presiona por romper el tabú y que, poco a poco, reconoce la importancia de volverse a pensar.

Valentina Terra – Rosario Ayala