Muchas son las interpretaciones que se han difundido en diversos medios de comunicación sobre los actos de saqueos ocurridos en diferentes localidades del país tras el terremoto. Más allá de discutir sobre la naturaleza de estos actos, el origen socioeconómico de las personas que los llevaron a cabo o cómo influyó en ellos la lenta respuesta de las autoridades; esta columna pretende reflexionar sobre los discursos que subyacen al análisis de estos hechos. En específico, las representaciones provenientes de quienes concentran el poder.

Este ejercicio de “vigilancia epistemológica” es necesario debido a que, como es sabido, los discursos sustentan las prácticas, otorgando un marco de referencia a partir del cual se le da sentido a la realidad.

Por ello es preocupante constatar la lógica reduccionista que se evidencia en los tomadores de decisión y sus medios de comunicación, donde no se discuten las causas estructurales que una crisis como esta deja al descubierto. Hacerlo sería atentar contra uno de los pilares fundamentales sobre los que se rige el actual modelo de sociedad chilena, frente al cual existe un acuerdo tácito de frenar todo intento de hacer visibles sus fisuras y contradicciones. Y es por esto, que frente a una perspectiva más crítica se despliega un aparataje ideológico que deslegitima y excluye tal visión. En este caso, cualquier explicación más profunda de los saqueos, inmediatamente es calificada como una justificación del  “delito” y su interlocutor es tildado como promotor del desorden, y, así, este muro de defensa radical censura y extirpa cualquier posición diferente.

Si se traslada lo anterior al proceso de adopción de decisiones políticas, esta mirada se traduce- y se ha traducido- en medidas concretas de corto plazo que apuntan casi exclusivamente a la atenuación del síntoma con la finalidad de asegurar una apariencia de estabilidad, evadiendo así el problema y administrando sus efectos. Esto evidentemente deja puntos ciegos posibilitando el surgimiento esporádico de expresiones públicas de malestar, son esas mismas expresiones las que se transforman en una oportunidad inmejorable para cambiar los efectos por las causas; canje que permite perseguir e identificar culpables- quienes serán vencidos a través de respuestas represivas- y al mismo tiempo esquivar la obligación ética y política de garantizar soluciones de largo plazo.

La utilización de esta fórmula para enfrentar las problemáticas sociales en democracia ha sido una constante en los Gobiernos de la Concertación, quienes desde este punto de partida han abordado las manifestaciones de descontento social en que se visibilizan necesidades insatisfechas- producto de aquellos derechos no garantizados o cumplidos- de sectores sociales excluidos de los canales institucionales de demanda. De esta manera emerge la estrecha visión que tiene el Estado sobre los ciudadanos al reprimir los saqueos en vez de asegurarse a tiempo de que éstos accedan a los alimentos y bienes básicos necesarios, al castigar las expresiones públicas en vez de buscar maneras de impulsar la acción  colectiva organizada y al estigmatizar a quienes se atrevan a cuestionar la forma de tomar decisiones, los sujetos que las toman y las propias decisiones adoptadas.

Lo anterior se constituye en un mecanismo de defensa de un sistema excluyente, siendo a su vez, una manifestación de la lógica perversa que lo sostiene y le permite operar en la medida en que este discurso se transmite a través de los medios de comunicación “oficiales”, generando una respuesta temerosa de la acción colectiva que se expande y reproduce en la opinión pública, desincentivando con ello la articulación de aquellos a los que no se les permite participar.

Los momentos críticos, como ha sido el desorden social provocado tras el terremoto, presentan una oportunidad de integrarse al modelo de éxito que impera en nuestra sociedad al cual muchos no tienen posibilidad de sumarse en su cotidianeidad. Esto no implica que se defiendan los saqueos o los daños a la propiedad pública o privada, aquellos son hechos vandálicos que deben ser castigados. Pero las medidas no pueden terminar ahí, pues ahora resulta más difícil evadir la discusión sobre el modelo económico; los brotes de descontento parecen multiplicarse en una sociedad que presiona por romper el tabú y que, poco a poco, reconoce la importancia de volverse a pensar.

Valentina Terra – Rosario Ayala

La propuesta antidelincuencia, de constituir una red de 50 mil informantes civiles en los barrios, podría pasar a llevar derechos civiles básicos de la ciudadanía, y podría convertir a Chile en un Estado Policial o una sociedad orwelliana.  

El uso de informantes no es algo nuevo en la historia, sino una vieja práctica llevada a cabo por gobiernos de diversa índole, en distintos lugares, momentos y propósitos. Su eficacia sigue siendo dudosa.  

En la ex RDA existían alrededor de 180.000 informantes voluntarios y pagados al momento de caer el muro, y en Colombia hoy aún se utiliza como método.  

Pero hay algo más de fondo. Lo cierto es que el uso de informantes voluntarios, al entregar a civiles -sin capacitación, formación ni experiencia- atribuciones de vigilancia, puede pasar a llevar derechos civiles básicos de otros ciudadanos, como la libertad de circulación, de expresión, de pensamiento y sobre todo el derecho a la privacidad.  

Porque ¿Quién establece el criterio y el margen de acción de estos informantes? ¿Cómo evitar que éstos voluntarios no deriven en miembros de una Stasi comunal o una Policía del Pensamiento a lo 1984? ¿Cómo evitar que estos informantes mal utilicen sus atribuciones para obtener beneficios en desmedro de sus vecinos, o incluso sus familias? 

Por otro lado ¿Bajo qué criterio se seleccionará a los informantes? ¿Por qué  período de tiempo? ¿Con qué atribuciones? ¿Serán testigos de fe al igual que los agentes policiales del Estado? ¿Qué podrán denunciar? Y sobre todo ¿Qué tendrán que informar? 

Se supone, que se les dotará de celulares, para que avisen la presencia de delincuentes prófugos u otros delitos. ¿Cuáles delitos? ¿Estudiarán la ley antes?  

Si analizamos bien, llamar para denunciar es algo que hoy día cualquier vecino puede hacer. La única diferencia sería que al informante se le garantice protección policial permanente, pero esto claramente nos genera otro problema.  

¿El gobierno garantizará protección policial exclusiva a 50 mil ciudadanos en desmedro de otros tantos? ¿Cómo evitar que esos informantes sean cooptados por organizaciones delictivas para obtener esa protección policial? 

Probablemente, entre las personas se crearán crecientes incentivos perversos para ser informante, y entonces muchos comenzarán a acusarse mutuamente, o simplemente el número de informantes aumentará irremediablemente.  

De una u otra forma el sistema se saturará en desmedro de los derechos civiles básicos. ¿A quién le creerá la policía si un informante es denunciado de un delito por un ciudadano común?  

Si hoy -cuando el presidente electo haga público su gabinete- preguntamos ¿Quiénes deben gobernar? Probablemente la respuesta más inmediata será “los mejores”. Otra quizás será “el pueblo”. Lo cierto es que ambas respuestas son totalmente inútiles.
 
Por siglos, y de manera fútil, el problema fundamental de la política ha girado en torno a ¿Quiénes deben ejercer el poder y su voluntad?
 
Las respuestas han sido variadas durante siglos; que los valientes, que los sabios, que los filósofos, que los brujos, que los clérigos, que los reyes, que los jueces, que los arios, que los revolucionarios, que los obreros, que los intelectuales, que los empresarios, la “voluntad general”, que “el gobierno de la ley”, “el proletariado”, el “pueblo” y un largo etc.
 
Por defender cada una de estas respuestas, los seres humanos se han matado en centenares, han hecho guerras brutales y han arrasado pueblos enteros, sin obtener nada bueno. Porque tal como decía Karl Popper “cualquiera de estas respuestas, por convincente que pueda parecer –pues ¿quién habría de sostener el principio opuesto, es decir, el gobierno del “peor”, o “el más ignorante” o “el esclavo nato?” –es, como trataré de demostrar, completamente inútil”.
 
Extrañamente –y aunque la historia completa demuestra que no hay grupo, clase o raza infalible o superior moralmente a otra, y que los gobernantes no siempre son sabios y buenos- las personas siguen creyendo en la posibilidad de establecer un gobierno de los mejores. Y otros siguen prometiéndolo.
 
Sin embargo y erróneamente “suponen tácitamente que el poder político se halla esencialmente libre de control” (Karl Popper). Ilusamente las personas creen que el gobernante –sobre todo el de su preferencia- está lleno de virtudes y se encuentra libre de los vicios del poder y entonces dicen cosas como: “es muy rico así que  no robará”; o “es parte del pueblo así que no lo traicionará”, etc…
Esta forma de razonar en cuanto al poder político -que Popper llama la teoría de la soberanía- “la adoptan implícitamente aquellos escritores modernos que creen, por ejemplo, que el principal problema estriba en la cuestión: ¿Quiénes deben mandar, los capitalistas o los trabajadores?” (Karl Popper).
 
Lo cierto es que este modo de abordar la cuestión política, de confiar ciegamente en los gobernantes y sus promesas (aún cuando quieran cumplirlas), deja de lado varios aspectos importantes relativos al modo en que se desenvuelve el poder.
 
EL MITO DEL GOBIERNO DEL MÁS SABIO
Los que creen en el gobierno de los más sabios o mejores, olvidan por ejemplo, que cualquier gobernante –desde el más sabio al más inepto- está expuesto a las presiones (ambiciones y vicios) de sus subalternos, viéndose obligado a dar concesiones, pagar favores, etc. En otras palabras, no toman en cuenta que “aún el tirano más poderoso depende de su policía secreta, de sus secuaces y de sus verdugos” (Karl Popper).
 
En este sentido, Popper es claro en decir que “debemos siempre prepararnos para lo peor aunque tratemos, al mismo tiempo, de obtener lo mejor” y agrega que “me parece simplemente rayano en la locura basar todos nuestros esfuerzos políticos en la frágil esperanza de que hayamos de contar con gobernantes excelentes o siquiera capaces”.
 
Irónicamente y en base a esta creencia, hasta nuestros días, la mayoría de las personas –sea cual sea su posición ideológica o política- adopta una posición religiosa frente a sus líderes, atribuyéndoles todas las cualidades posibles, incluso las que no tienen realmente. Se auto inventan el mito del gobierno de los mejores y entonces los santifican.
 
Lo cierto es que esa devoción hacia los gobernantes y  esa falta de desconfianza en el poder, ponen en riesgo nuestra propia libertad y nos coloca a un paso del dilema de la libertad -que Platón planteara muchos siglos atrás- en cuanto a que una mayoría podría libremente someterse al gobierno de un tirano.
 
LAS INSTITUCIONES Y LAS PERSONAS
Debido a lo que explicábamos anteriormente, la mayoría de las personas creen que los problemas y vicios de la política se resuelven simplemente cambiando personas. En ningún caso analizan cuáles son las instituciones mediante éstas actúan. Lo cierto es que “El principio del conductor o líder no reemplaza los problemas institucionales por problemas de personas, sino que crea, tan sólo, nuevos problemas institucionales” (Karl Popper).
 
Así por ejemplo y extrañamente, una dictadura para unos u otros, es buena o mala según quién sea el dictador, o los resultados qué generó, o lo que se espera genere. Es decir, que definen la dictadura no según las instituciones que está suprime sino que según la persona que la ejerce.
 
En otras palabras, una institución como la libertad política, para algunos vale según quién la suprime. Y esa ironía la podemos ver en quienes han apoyado dictaduras tanto de izquierda como de derecha.
 
Como podemos ver, ese modo de razonar que es transversal, elimina “el problema del control institucional de los gobernantes y del equilibrio institucional de sus facultades. El mayor interés se desplaza, así, de las instituciones hacia las personas, de modo que el problema más urgente es el de seleccionar a los jefes naturales y adiestrarlos para el mando” (Karl Popper).
 
Para quienes –al igual que Popper- no creemos en el gobierno de los mejores, ni en grupos, clases o razas infalibles para gobernar, la pregunta importante no es ¿Quién debe gobernar? La pregunta importante es ¿En qué forma los ciudadanos podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionarnos demasiado daño?
 
Porque “si deseamos efectuar progresos, deberemos dejar claramente establecido qué instituciones deseamos mejorar”. (Karl Popper). Y eso lo debemos hacer todos no unos cuantos iluminados de turno o elegidos a dedo.
 
*Citas extraídas de LA SOCIEDAD ABIERTA Y SUS ENEMIGOS (1945)

Algunos sectores, que se han pronunciado más claramente como defensores de la propiedad privada y la libertad, caen en profundas contradicciones cuando se trata de defender la independencia de los individuos en cuanto la acción (coacción) del Estado, sobre todo en cuanto al derecho a la auto posesión y la libertad moral de los sujetos. 

Ciertos sectores políticos –para diferenciarse de otros- siempre han destacado que tienen un discurso en defensa de la libertad individual. Sin embargo, su discurso tiene enormes incoherencias pues mientras dicen defender tales principios, estos “defensores de la libertad” en la práctica, aceptan un sinnúmero de intervenciones por parte del Estado para lo que ellos llaman “excepciones”. 

En ese sentido, esta defensa de la libertad individual y la propiedad ha sido más bien un instrumento -y no tanto un principio valioso puesto en práctica- que algunos han utilizado para justificar la coacción estatal y la mantención de estructuras de privilegios y propiedad (la cual no necesariamente se originó como producto del trabajo y esfuerzo individual sino como producto de la histórica violencia del Estado y sus instituciones). 

Es decir, defienden lo que podemos llamar mercantilismo, un capitalismo de Estado o un crony capitalismo. Nunca un libre mercado. (De esto hablaremos en detalle en la parte II).

Por eso, estos mismos que hablan de un estado mínimo, simultáneamente defienden intervenciones “en los campos de la policía y de los asuntos militares, en la educación, los impuestos, bienestar, “externalidades”, leyes antitrust, y dinero y banca.”1 . O, en nombre de una entelequia como la patria, defienden la conscripción obligatoria, que no es más que esclavitud legalizada.

Es decir, mientras critican a otros de estatistas e intervencionistas, simultáneamente defienden un estatismo corporativo donde el Estado privilegia e interviene a favor de las grandes empresas y grupos de poder como iglesias o ejércitos, permitiendo  acciones coactivas para promover lo que ellos consideran “bien común”. Quizás por eso, Emma Goldman decía que “después de todo, el mayor baluarte del capitalismo es el militarismo”.

Así, como explica Kevin Carson, “el capitalismo corporativo confía en gran medida en la intervención estatal para su propia supervivencia”.

Todo lo anterior tiene su raíz en una ambigüedad mucho mayor del discurso (podemos llamarlo conservador, vulgo liberal, neoliberal, etc) que tiene relación con la negación del derecho de auto posesión. 

Muchos autodenominados defensores de la libertad, caen en una contradicción mucho más profunda. Muchos no reconocen el derecho de auto posesión. Es  decir, el derecho de “controlar el cuerpo, libre de toda interferencia coercitiva”2. 

Algunos de estos seudo defensores de libertad dicen que el ser humano es sólo un administrador del cuerpo y no su dueño o propietario. Entonces ¿Cómo pueden proclamar la propiedad privada si no defienden la propiedad sobre el propio cuerpo que es el que la genera?

Responden -para darle sustento ideológico a su afirmación- que dios es el propietario de éste y que el derecho de propiedad no es absoluto porque hay cosas que no pertenecen a nadie, como el cuerpo.

Pero si el cuerpo es prestado ¿Todo lo que generamos con éste, incluidos los productos de nuestro trabajo, le pertenecen a dios? Pero ¿Y a qué dios? 

Tomando en cuenta que los seres humanos somos seres racionales, surge otra pregunta ¿Y nuestras almas, voluntad o razón, o como quiera llamársele? ¿También son prestadas por dios? ¿Somos sólo sus meros administradores? ¿O en ese caso hay una excepción y de qué depende ésta?

Pero si el alma, la voluntad y la razón tampoco nos pertenecen ¿Para qué esforzarse en tratar de salvarla? ¿No sería más coherente aprovechar de disfrutar y acceder al máximo de placeres terrenales y mundanos que este préstamo temporal nos permite? 

Es más ¿A quién pertenece mi experiencia si es a través del cuerpo y la razón que la capto? O peor aún ¿Cómo entonces podemos buscar nuestros fines o la trascendencia para algo que en definitiva es prestado? Y entonces ¿La vida no nos pertenece? Al parecer tampoco, dicen estos defensores de la libertad.

Lo cierto es que el no reconocimiento de la propiedad sobre el propio cuerpo implica no poder reconocer ser dueños del propio trabajo y las extensiones que se generan a partir de éste. Es decir, romper con la cláusula lockeana, que establece que la propiedad se origina de la mezcla del trabajo sobre la materia sin utilizar. 

Por otro lado, si no soy dueño del cuerpo ¿Cómo puedo ejercer mi voluntad? No quedaría otra respuesta que someterla al dominio y voluntad de otro u otros, que serán los que guíen la acción al determinar el curso de éstas. Pero entonces ¿Qué pasa con la creatividad, la imaginación? Claramente bajo ese criterio, no habría arte, por ejemplo.

Lo que en fondo hacen o promueven estos denominados defensores de la libertad individual, es tratar de hacernos ceder nuestros derechos básicos a un entidad superior, ya sea dios o el estado, o la iglesia o la gran corporación, que en realidad ellos controlan o quieren controlar. 

Es tratar de hacernos actuar según su propia apreciación y moral. Como dice Lysander Spooner “se muestran a sí mismos como adornadas tanto por el poder como por el derecho a definir y castigar los vicios de otros hombres”.

Jorge A. Gómez Arismendi

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